El Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) ha superado el debate de totalidad en el Parlamento andaluz, lo que le permite continuar su tramitación en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La consejera Catalina García ha defendido el texto afirmando que supone una reforma profunda y necesaria de la legislación ambiental en la región, modernizándose tras más de 15 años sin una revisión integral.
Este nuevo proyecto surge como respuesta a los cambios extraordinarios que se han dado desde la aprobación de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. García destacó que ahora es imposible gestionar la Andalucía de 2025 con una normativa pensada para 2007 debido a avances en derecho europeo, tecnología y demandas sociales por una administración ambiental más eficaz y transparente.
El Proyecto de Ley tiene un carácter integral y moderno, coherente con los marcos europeos y estatales, y establece firmemente la protección de personas y medioambiente. Entre otros, incorpora el principio de no regresión ambiental y otros como prevención, precaución, y quien contamina paga.
El proceso de elaboración de LEGAM ha sido participativo, integrando aportaciones de administraciones públicas, entidades sociales y agentes como UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía, lo que confiere al proyecto una amplia legitimidad social. También se ha contado con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el equipo técnico de la Consejería.
Durante el debate, Catalina García respondió a la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, instando a continuar el diálogo y mejora del texto en su tramitación parlamentaria. El proyecto se estructura en nueve títulos y cerca de doscientos artículos que reorganizan los instrumentos de prevención, evaluación y control ambiental, con el objetivo de clarificar competencias y facilitar el trabajo técnico.
LEGAM innova en varias áreas, incluyendo una planificación estratégica para integrar acciones ambientales, la creación de un nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente, y un Registro de personas interesadas en los procedimientos ambientales. También se fortalecerá la colaboración entre administraciones y se buscará una modernización tecnológica a través de la administración electrónica.
En cuanto a los plazos, el proyecto establece tiempos máximos para trámites, lo que brinda seguridad jurídica y eficiencia. Adicionalmente, introduce un nuevo enfoque en el régimen sancionador con la potencial sustitución de sanciones económicas por acciones de restauración ambiental.
La consejera resaltó que LEGAM pretende fomentar la ecoinnovación y la economía circular, actualizando instrumentos como EMAS y ECOLABEL, y reforzando incentivos para la calidad ambiental. En definitiva, el proyecto aspira a ser una herramienta clave para el desarrollo sostenible de Andalucía, alineando intereses económicos, sociales y medioambientales bajo una visión moderna y comprometida.
Fuente: Junta de Andalucía.
