La nueva Ley del Patrimonio de Andalucía avanza en su tramitación parlamentaria tras superar el debate a la totalidad en la Cámara andaluza. Con el objetivo de proporcionar a la comunidad un marco moderno, eficaz y transparente para la gestión de los bienes de la Junta, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, destacó que esta ley es «trascendental para la modernización de la Administración andaluza». Busca convertir el patrimonio público en una herramienta activa de desarrollo económico y social.
«La nueva ley aporta orden, control y confianza, garantizando que los bienes comunes se gestionen con eficacia y utilidad pública», afirmó España, subrayando la importancia de reinvertir los recursos en áreas como la sanidad, educación y servicios sociales.
La actual Ley del Patrimonio de Andalucía, vigente desde 1986, es la más antigua de España y su actualización era necesaria para adaptar la gestión de bienes al siglo XXI. El nuevo texto legislativo introduce innovaciones como un Inventario General digitalizado y una Plataforma de Publicidad Patrimonial para aumentar la transparencia.
España enfatizó que la ley no mercantiliza el patrimonio, sino que lo ordena y lo profesionaliza, eliminando la improvisación. Además, establece un régimen sancionador para proteger los bienes públicos y promueve la economía circular, impulsando la reutilización de bienes.
Desde 2019, el gobierno de Juanma Moreno ha trabajado en un nuevo modelo de gestión integral que ya ha reportado beneficios, como ingresos de 138 millones de euros y ahorros superiores al millón de euros en mantenimiento e impuestos.
La consejera también destacó el Plan Estratégico de Sedes Administrativas, que ha reducido un 60% el gasto en alquileres, generando ahorros anuales de 36,5 millones de euros, además de la reestructuración del sector público instrumental.
La nueva ley facilitará las cesiones gratuitas de inmuebles para fines públicos, promoviendo la reutilización de inmuebles con fines sociales. Ha sido elaborada con la participación de más de 30 entidades y ha recibido el respaldo de todos los órganos consultivos, destacando el «rigor técnico» del proyecto.
Fuente: Junta de Andalucía.
