Axon Enterprise Inc., en colaboración con el Departamento de Policía de Edmonton, Canadá, ha iniciado pruebas piloto para integrar tecnología de reconocimiento facial en cámaras corporales. Este ensayo, pionero a nivel mundial, implica equipar a hasta 50 oficiales con dispositivos que potencialmente permitirán identificar automáticamente a personas durante encuentros policiales. No obstante, en esta fase inicial, los oficiales no recibirán notificaciones inmediatas, sino que las identidades generadas se revisarán posteriormente.
La introducción de esta tecnología pretende mejorar la capacidad policial para interactuar con bases de datos y señalar sospechosos con antecedentes penales o órdenes de arresto. Sin embargo, ha suscitado preocupación entre defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre los riesgos de vigilancia masiva y las posibles fallas en identificaciones que podrían resultar en batallas legales o encarcelamiento injusto.
Este desarrollo amplía la discusión sobre la privacidad individual frente al poder de la tecnología. La posibilidad de que cámaras corporales se vinculen con información personal detona alarmas sobre una posible invasión a la privacidad. La preocupación se magnifica ante la capacidad tecnológica de Axon, un líder en vigilancia policial con productos como el Taser y la plataforma Fusus que integra cámaras de vigilancia externas.
Históricamente, Axon había pospuesto el uso de reconocimiento facial debido a preocupaciones éticas expresadas en 2019. Sin embargo, el avance hacia su implementación sugiere un cambio de enfoque por parte de la compañía. Este movimiento, calificado por Axon como una expansión hacia un «ecosistema» de vigilancia, supone un creciente control tecnológico sobre la actividad policial.
Frente a ello, defensores de derechos civiles insisten en la necesidad de establecer mecanismos de supervisión robustos, exigir transparencia y, en última instancia, considerar una prohibición del reconocimiento facial en operaciones policiales para prevenir su abuso y proteger las libertades civiles. La tecnología, argumentan, debe alinearse con los valores fundamentales de privacidad y justicia, priorizando la protección de la ciudadanía frente a la creciente capacidad de vigilancia estatal.
