La política madrileña está en el epicentro de una nueva controversia desatada por las declaraciones de Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, quien afirmó que «7.291 personas mayores fueron asesinadas en residencias» durante la pandemia. Esta declaración ha provocado una respuesta enérgica por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, así como del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.
El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de presentar una querella contra la exministra de Industria por sus polémicas palabras. Según Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno autonómico, las declaraciones de Maroto son «inadmisibles», y los servicios jurídicos ya están trabajando en la denuncia correspondiente. Fátima Matute, consejera de Sanidad, fue aún más categórica en su condena, calificando las afirmaciones de Maroto como «deleznables» y afirmando: «No vale todo en política».
Por otro lado, la reacción del alcalde de Madrid ha sido igualmente contundente. José Luis Martínez-Almeida ha manifestado que su Gobierno municipal cortará toda relación con el PSOE tras estas declaraciones. «No podemos permitir que el sanchismo convierta la política madrileña en un lodazal. Las palabras de Reyes Maroto son nauseabundas e indecentes, además de un posible delito», declaró Almeida, subrayando la gravedad del asunto.
El impacto de estas declaraciones y las consecuentes medidas tomadas por el Ayuntamiento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid evidencian la creciente tensión política en la región y el delicado manejo de asuntos relacionados con la gestión de la pandemia.
