El gobierno ha lanzado una nueva normativa que pone en el punto de mira a las instituciones educativas que obligan a las familias a adquirir dispositivos electrónicos para sus hijos. Esta medida busca aliviar la carga financiera que supone para muchos hogares la compra obligatoria de tabletas o portátiles, defendiendo el derecho de los padres a optar por alternativas. Además, se promueve el uso de métodos de enseñanza más accesibles y equitativos. Con esta iniciativa, se pretende erradicar prácticas que generan desigualdades y garantizar que la educación no esté condicionada por la capacidad económica de las familias.
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Ayuso Prohíbe a Colegios Concertados Cargar a Familias por Uso de Tabletas
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