El Govern de Baleares ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que inicia un proceso extraordinario de regularización de migrantes en situación irregular. Se busca la suspensión cautelar del decreto, argumentando la falta de garantías que sí están presentes en el proceso ordinario de regularización. La medida beneficiaría a aproximadamente 30.000 personas en Baleares, aunque el Govern estima que estas cifras subestiman la realidad del fenómeno migratorio en la región. La consellera Antònia Maria Estarellas ha manifestado que el recurso pretende llamar la atención del Gobierno de Pedro Sánchez, calificando la medida de una «cortina de humo». El Ejecutivo balear está a la espera del texto final en el BOE para decidir los pasos legales a seguir, mientras el portavoz Antoni Costa enfatiza la importancia de tener un proceso bien fundamentado.
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