El gobierno de Jaume Collboni en Barcelona busca cambiar las normativas para asegurar el acceso a la vivienda, fijando 2028 como fecha para eliminar los pisos turísticos, con el objetivo de liberar 10,000 viviendas para el mercado residencial. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, denunció un cambio de estrategia por parte de Airbnb, que no retiró 800 anuncios de pisos ilegales detectados este año. Bonet criticó a Airbnb por no cumplir con el acuerdo previo y señaló que la plataforma se convierte en cómplice de actividad ilegal, afectando el derecho a la vivienda. Llamó a la colaboración conjunta de instituciones para combatir esta situación, destacando que las herramientas municipales son insuficientes frente a organizaciones que incumplen la normativa.
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