En 2025, el sistema de patentes de Estados Unidos se encontró en una encrucijada que desafió sus principios fundamentales, tal como el de permitir la impugnación de patentes defectuosas. La atención se centró en el Congreso, donde propuestas impulsadas por algunos grandes propietarios de patentes amenazaban con debilitar la capacidad de cuestionar dichas patentes. Dos proyectos de ley, PERA y PREVAIL, se reintrodujeron en el ámbito legislativo, mientras que la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) buscaba limitar las revisiones inter partes (IPR), una herramienta esencial para desafiar patentes que no deberían haberse otorgado.
El Acta de Restauración de Elegibilidad de Patentes (PERA) intentaba revertir precedentes del Tribunal Supremo, permitiendo patentar ideas abstractas de software y genes humanos aislados. Simultáneamente, PREVAIL proponía elevar el estándar probatorio para impugnaciones, limitar quién podía presentar estas impugnaciones y otorgar ventajas a los titulares de patentes, como modificar sus reivindicaciones durante las revisiones.
Estas propuestas amenazaban con deshacer avances significativos logrados en la última década. En respuesta, la Electronic Frontier Foundation (EFF) movilizó a sus simpatizantes, resultando en miles de mensajes al Congreso que frenaron ambos proyectos en el Comité, destacando la fuerza de la presión pública.
El verdadero reto, sin embargo, surgió desde dentro de la USPTO. Bajo un nuevo liderazgo, la oficina comenzó a erosionar las protecciones contra patentes dañinas, incrementando la frecuencia de denegaciones procesales. A partir de octubre, propusieron nuevas reglas que harían casi imposible utilizar el IPR, generando preocupación entre aquellos que enfrentan litigios de patentes.
El director de la USPTO, John Squires, adoptó una postura firme desde el inicio, rechazando todas las primeras impugnaciones recibidas. Esta actitud desató lo que se ha denominado una «era de no», dificultando futuros desafíos a patentes problemáticas.
La reacción en contra fue contundente. Más de 11,000 comentarios llegaron a la USPTO, y un 97% de los participantes expresaron su oposición a las nuevas reglas. Tanto el sector empresarial como el académico, al igual que defensores del acceso a medicamentos, advirtieron sobre el impacto negativo de estas regulaciones en desarrolladores, pequeñas empresas y consumidores.
Con el 2026 a la vuelta de la esquina, el porvenir del sistema de patentes en Estados Unidos es incierto. Pese a las críticas y la oposición organizada, es probable que los intereses que buscan proteger patentes cuestionables continúen ejerciendo presión en la legislación y regulaciones. Sin embargo, ha quedado demostrado que cuando se expone el abuso de patentes y su impacto en la innovación y el ámbito digital, la comunidad puede alzarse con fuerza y marcar una diferencia real en el proceso legislativo.
