En un panorama donde al menos doce estados en Estados Unidos buscan implementar leyes que limitan el acceso de los jóvenes a las redes sociales, se ha levantado una firme resistencia judicial. Las propuestas legislativas exigen que los menores obtengan el permiso parental o imponen prohibiciones directas sobre el uso de estas plataformas. Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de los tribunales de primera instancia han declarado estas leyes como inconstitucionales.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha liderado la defensa de los derechos de los jóvenes, llevando el debate a diversas cortes del país. La organización sostiene que las leyes violan el derecho a la libertad de expresión, garantizado a los jóvenes por la Primera Enmienda. Históricamente, los menores han compartido con los adultos derechos de expresión que les permiten discutir asuntos políticos, crear arte o practicar religión. Con el auge de Internet, estas capacidades se han visto amplificadas.
Las legislaciones en discusión presentan habitualmente dos características principales: requieren que las plataformas de redes sociales estimen o verifiquen la edad de todos los usuarios, o bien prohíben el acceso a los menores sin autorización parental. Durante 2025, la EFF ha emprendido desafíos legales en varios estados, como California, Florida, Georgia, Mississippi, Ohio, Utah, Texas y Tennessee. Su argumento central es que no solo se afectan los derechos de los menores, sino que también se imponen restricciones sobre los derechos de los adultos.
El Tribunal Supremo de EE. UU. ha rechazado de forma recurrente leyes que limitan la libertad de expresión de los menores o que demandan permisos parentales. Las prohibiciones totales para que los jóvenes accedan a las redes sociales se consideran desmedidas y desconectadas de los riesgos reales. Desde la EFF se insta a los legisladores a optar por leyes de privacidad robustas en lugar de recurrir a la censura para enfrentar los desafíos en línea.
La implementación de sistemas de identificación por edad puede excluir a quienes carecen de la documentación necesaria, y los sistemas biométricos utilizados suelen ser inexactos o discriminatorios. Además, tales requerimientos pueden desalentar la expresión anónima, protegida por la Primera Enmienda y crucial para quienes temen represalias.
Por último, la exigencia de información personal sensible a los usuarios aumenta el riesgo de violaciones a la privacidad y la seguridad. De hecho, muchas de estas legislaciones obligan a las redes sociales a recopilar más información personal, especialmente de los menores, quienes son más vulnerables al robo de identidad.
La EFF, reafirmando su compromiso, continúa defendiendo el acceso y la libre expresión en Internet, sosteniendo la importancia de la organización y la comunicación en línea para menores y adultos por igual.
