El Gobierno de Gustavo Petro insiste en llevar a cabo una consulta popular pese a su negativa inicial en el Senado, argumentando vicios de procedimiento durante la votación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirma que el Senado no cumplió con la lectura de la propuesta, violando así la Ley 5 de 1992. Ante la falta de un pronunciamiento senatorial antes del 1 de junio, el Ejecutivo considera convocar la consulta por decreto, lo que podría generar un enfrentamiento legal. La consulta busca revivir una reforma laboral previamente rechazada y ha sido un punto central de la agenda política de Petro, enfrentando críticas por su elevado costo y su uso como herramienta política. La división en el Senado, exacerbada por nuevas propuestas, deja un incierto futuro para la reforma laboral, lo que ha llevado al Gobierno a presionar nuevamente por la consulta.
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