El Ayuntamiento enfrenta una difícil situación financiera al tener que cumplir una sentencia judicial que le obliga a compensar a una constructora por un convenio no ejecutado. El plazo para comunicar al juzgado el plan de cumplimiento es de diez días. Para hacer frente a esta obligación y evitar una posible quiebra, el consistorio ya ha recibido un préstamo de 55 millones de euros por parte de Hacienda y cuenta con el respaldo de la Generalitat, que se ha comprometido a proporcionar la ayuda necesaria. La situación pone de manifiesto los retos financieros que enfrentan las administraciones locales en la gestión de sus compromisos legales y presupuestarios.
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