En España, la lucha contra la retransmisión pirata de fútbol ha trascendido el ámbito de los derechos audiovisuales para convertirse en un ejemplo de las consecuencias no deseadas del bloqueo excesivo en internet. La Comisión Europea ha evaluado su Recomendación (UE) 2023/1018, que instaba a combatir la piratería de eventos deportivos, y ha señalado expresamente el caso español debido a las quejas suscitadas por los bloqueos promovidos por LaLiga y Telefónica, que afectan a webs ajenas a la piratería.
La Recomendación de la Comisión pedía que los bloqueos fueran estrictamente selectivos y no interfirieran con el acceso legal a la información, subrayando así la necesidad de proteger los derechos fundamentales como la libertad de información. Sin embargo, el enfoque de bloquear por IP, utilizado por LaLiga y Telefónica, ha causado apagones de servicios legítimos que comparten infraestructura de red con sitios infractores, ignorando la advertencia de muchos expertos sobre el riesgo de esta medida.
Por otro lado, el lobby deportivo en Europa, liderado por personalidades como Javier Tebas de LaLiga, ha solicitado medidas más severas: bloqueos de IP a nivel europeo, respuesta inmediata de los intermediarios ante notificaciones, y un sistema KYC para usuarios de VPN y CDN. Estas demandas podrían suponer una amenaza a la cultura de privacidad y seguridad en internet, y también aumentar las probabilidades de sobrebloqueo.
El diagnóstico de la Comisión Europea sobre su Recomendación concluye que el bloqueo de contenido legítimo ha sido limitado, pero advierte que el sobrebloqueo es mucho más probable con medidas basadas en IP. España, específicamente, es mencionada como un caso problemático en el que se han presentado quejas de usuarios afectados, alentando un debate sobre la adecuación de las actuales salvaguardas.
A pesar de las quejas, el Gobierno español ha afirmado no haber recibido comunicaciones formales que acrediten casos de sobrebloqueo. Mientras tanto, LaLiga sostiene que su estrategia cuenta con el respaldo de Bruselas y minimiza los incidentes de sobrebloqueo como casos aislados que no comprometen su modelo de bloqueos dinámicos.
Desde una perspectiva técnica, los bloqueos por IP están lejos de ser una opción precisa, ya que pueden deshabilitar múltiples dominios que comparten la misma dirección, afectando a servicios operativos críticos. Esto crea un ambiente de incertidumbre para pequeños proyectos digitales que temen ser víctimas colaterales de estas acciones.
En este contexto, el sector tecnológico debería defender medidas de mayor transparencia y mecanismos ágiles para revertir bloqueos injustos. De esta forma, se prevendría que los bloques de IP indiscriminados se conviertan en la norma, en detrimento de la soberanía digital y la innovación. La evaluación de la Comisión subraya la importancia de abordar el sobrebloqueo con medidas más precisas para proteger la infraestructura crítica de internet y los derechos fundamentales.
