La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional propuesta por el presidente Nayib Bukele que permite penas perpetuas para homicidas, violadores y terroristas. Esta modificación, aprobada sin debate previo, modifica el artículo 27 de la Constitución, que anteriormente prohibía las condenas perpetuas y buscaba la rehabilitación del delincuente. Bajo el régimen de excepción de Bukele, la medida surge tras un informe que acusa a su gobierno de crímenes de lesa humanidad y en medio de un sistema judicial cuestionado por su colapso y control ejecutivo. El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, criticó a las organizaciones de derechos humanos, acusándolas de proteger a criminales, mientras el gobierno inicia una campaña en redes sociales en respuesta a las acusaciones internacionales.
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