En los pasillos de la legislatura de California se debate un proyecto de ley que podría reconfigurar el paisaje de la inteligencia artificial (IA) en el estado. El A.B. 412, actualmente bajo escrutinio, exigiría a los desarrolladores de IA que identifiquen y divulguen todas las obras protegidas por derechos de autor utilizadas en el entrenamiento de sus modelos. Si bien a simple vista esta propuesta parece un avance hacia una mayor transparencia, su implementación podría resultar devastadora para las pequeñas startups, consolidando aún más el poder de las grandes corporaciones tecnológicas.
El sector de las startups en IA enfrenta un desafío monumental. Las grandes empresas, con recursos casi ilimitados y prominencia en el escenario mediático, cuentan con una capacidad inigualable para adaptarse a nuevas regulaciones. En contraste, una multitud de pequeñas entidades, muchas con equipos de menos de diez personas, se esfuerzan por abrirse camino en nichos específicos del mercado. Para estas pequeñas empresas, la imposición de rastrear las obras registradas en la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU., un sistema renombrado por su complejidad, podría ser la gota que colme el vaso.
La posible aprobación del A.B. 412 podría forzar a estas pequeñas empresas a redirigir sus ya limitados recursos desde la innovación hacia el cumplimiento de regulaciones complejas. El temor a litigios por infracción de derechos de autor podría disuadir la entrada de nuevos actores en el mercado. El fundamento técnico del A.B. 412 también ha sido cuestionado por especialistas que consideran que actividades como la lectura de contenido web, citada en el proyecto, clasifican como «uso justo», un principio legalmente protegido y esencial para el funcionamiento de la internet moderna.
El derecho de autor en EE. UU. se ha diseñado para encontrar un equilibrio justo entre innovación y protección de los creadores. Sin embargo, el A.B. 412 parece adelantarse a los actuales debates judiciales sobre estas dinámicas, imponiendo estándares poco claros y ampliamente exigentes que podrían terminar siendo más perjudiciales que beneficiosos. La propuesta puede, paradójicamente, reforzar la hegemonía de las grandes tecnológicas. Estas compañías cuentan con los recursos y pericia para maniobrar en entornos legales complejos, un lujo no disponible para las startups que podrían perder su independencia o eventualmente desaparecer.
En el caso de que el A.B. 412 prospere con algunos ajustes, los programadores podrían tener que remunerar a los propietarios de derechos de autor incluso antes de comenzar sus desarrollos. Mientras las corporaciones tecnológicas probablemente festejarían este resultado, el ecosistema de startups se vería amenazado, limitando la diversidad y competitividad del sector. Los residentes de California preocupados por esta normativa pueden hacer llegar sus opiniones a los legisladores mediante los canales oficiales.
