El reciente fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Estados Unidos marca un hito en la protección de la privacidad de datos y de los derechos del consumidor. En el caso Briskin v. Shopify, el tribunal abordó la capacidad de los consumidores para demandar a empresas nacionales o multinacionales en sus tribunales locales por violaciones a las leyes de privacidad de datos estatales.
El conflicto surgió tras las acusaciones de un residente de California contra Shopify, empresa que presta soporte a negocios de comercio electrónico. Se alegó que Shopify había instalado software de seguimiento en dispositivos sin el consentimiento de los usuarios, recolectando datos personales y rastreando su actividad de navegación. Estos datos eran utilizados para crear perfiles detallados de usuario, que las empresas aprovechan para rechazar compras futuras.
Inicialmente, el tribunal desestimó el caso, argumentando que Shopify carecía de una conexión directa con California. Sin embargo, a pedido del demandante y con el respaldo del grupo sin fines de lucro Public Citizen, se revisó la decisión. Se alegó que la recopilación de datos de usuarios de otros estados no debía impedir a los demandantes californianos llevar su caso a juicio en su propio estado.
El tribunal señaló que las acciones de Shopify estaban «claramente dirigidas» a California, desestimando la noción de que el impacto en los consumidores locales fuera una mera circunstancia. Se afirmó que la interceptación no autorizada de información personal constituía un contacto relevante con el estado.
Además, el fallo rechazó la idea de que los demandantes debían probar que una empresa tenía la intención específica de dirigirse a California. Se argumentó que este requisito permitiría a las corporaciones actuar en todo el país sin enfrentar jurisdicción en cada estado. En su lugar, se determinó que las acciones de Shopify lo vinculaban de manera significativa con California.
Esta sentencia establece un precedente importante, especialmente en un contexto donde los estados buscan cubrir los vacíos que deja la ausencia de una legislación federal sobre privacidad de datos. La decisión garantiza que las leyes estatales tengan un impacto real en la protección del consumidor frente a la vigilancia corporativa, representando una victoria crucial en la defensa de la privacidad.
