Los legisladores canadienses están actualmente debatiendo la S-210, una nueva normativa que busca proteger a los niños del acceso a material sexual explícito. Esta iniciativa, aunque bienintencionada, ha generado preocupaciones significativas sobre la seguridad, privacidad y libertad de expresión de todos los usuarios de Internet. Introducida en 2023, la propuesta exige que todos los servicios de Internet comerciales que ofrezcan contenido explícito implementen sistemas de verificación de edad, lo que normalmente requeriría que los usuarios muestren una identificación emitida por el gobierno.
Los proponentes del proyecto argumentan que la medida es vital para prevenir problemas como la adicción a la pornografía y la perpetuación de estereotipos de género y actitudes favorable al acoso y la violencia, especialmente contra las mujeres. No obstante, diversas organizaciones de derechos digitales advierten que exigir una identificación gubernamental para acceder a Internet no resolverá estos problemas.
El alcance del S-210 es preocupantemente amplio, estableciendo riesgos legales no solo para quienes venden o distribuyen deliberadamente material explícito, sino también para aquellos que lo transmiten sin intención. Esto incluye intermediarios de Internet, redes sociales, motores de búsqueda y plataformas de mensajería, que estarían obligadas a evitar el acceso de cualquier usuario cuya edad no esté verificada, salvo que puedan probar que el contenido tiene un propósito legítimo relacionado con la ciencia, la medicina, la educación o las artes.
Además, la normativa no diferencia entre la regulación del contenido y la infraestructura de Internet, lo que podría llevar a una eliminación excesiva de contenido, perjudicando a comunidades marginadas y organizaciones que apoyan a víctimas de trata y abuso. Las reglas contra el material sexual suelen afectar más a aquellos que más necesitan protección.
Aunque el proyecto sugiere que la tecnología de verificación de edad ha avanzado y puede identificar a los usuarios sin vulnerar su privacidad, expertos aseguran que no existe tal tecnología que cumpla estos requisitos sin comprometer la privacidad de los usuarios. El proyecto tampoco especifica qué tecnología se debe utilizar, lo que podría resultar en sistemas que retengan datos sensibles con riesgos potenciales de filtraciones.
El requisito de verificación de edad basado en identificaciones emitidas por el gobierno podría excluir a canadienses que no tienen acceso a dicho tipo de documento. Esto transformaría el acceso a Internet en una serie de barreras de seguridad que muchos no podrían superar.
Los legisladores canadienses tienen la oportunidad de retractarse de la S-210, una medida que podría poner en peligro la libertad en Internet en Canadá. No actuar podría llevar a la instauración de un marco regulatorio que termine restringiendo el acceso a la web y comprometiendo la privacidad de los usuarios.
