Un mes después de que el lobo fuera excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), Cantabria y Asturias han implantado cuotas de caza específicas, provocando un debate dividido entre defensores de la ganadería y grupos ecologistas. La medida fue aprobada en el Congreso gracias a una enmienda del PP apoyada por otros partidos, permitiendo la actividad cinegética en regiones al norte del Duero. En respuesta, ecologistas han interpuesto recursos y convocado protestas, mientras la ministra de Transición Ecológica tacha la decisión de precipitada. Organizaciones agrarias defienden la medida, citando un incremento de ataques de lobos al ganado, mientras que entidades como Ecologistas en Acción consideran que la protección perdida supone un retroceso. La Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia planifican acciones adicionales para el manejo del lobo, buscando un balance entre su control y la preservación ecológica.
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