El Partido Popular (PP) de Andalucía y el Gobierno autonómico han lanzado una fuerte crítica a la propuesta fiscal presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según denuncian, dicha propuesta podría significar un «sablazo» a las familias andaluzas y un obstáculo para la inversión en la comunidad, al mismo tiempo que se favorecen los privilegios de los independentistas.
El reciente informe del Banco de España que sugiere la armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha caído como un balde de agua fría sobre el Gobierno andaluz. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda, eliminaría las actuales bonificaciones en comunidades como Andalucía, donde este impuesto está bonificado al 99% para herencias de hasta un millón de euros por heredero.
La coordinadora del Área de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del PP andaluz, Carolina España, ha calificado esta propuesta como “un sablazo fiscal a los andaluces”. Sus cálculos, basados en las simulaciones del Banco de España, estiman que la recaudación en Andalucía podría triplicarse hasta alcanzar los 1.200 millones de euros anuales, lo que revertiría las políticas de alivio fiscal implementadas desde 2019 por el Ejecutivo de Juanma Moreno.
La situación es alarmante: un joven que herede una vivienda de 200.000 euros podría verse obligado a pagar más de 28.000 euros, mientras que en el caso de una vivienda de 300.000 euros, la cifra superaría los 50.000 euros. Esta carga fiscal, advierte España, obligaría a muchos a endeudarse para poder aceptar una herencia o, en el peor de los casos, a renunciar a ella.
Desde el Gobierno andaluz subrayan que la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha sido muy bien recibida por la ciudadanía, ya que pone fin a una doble tributación que penaliza el ahorro. La coordinadora del PP andaluz ha recordado que tanto comunidades gobernadas por el PP como por el PSOE han reducido la fiscalidad de este impuesto, reconociendo que castiga la transmisión del patrimonio familiar.
Además, se ha resaltado que las políticas fiscales del Gobierno de Juanma Moreno han fomentado un entorno propicio para la inversión y el empleo. La eliminación de este impuesto no ha perjudicado la recaudación, que, al contrario, ha aumentado significativamente. En 2024, la recaudación total en Andalucía alcanzó los 21.525,4 millones de euros, un 8,5% más que en 2023 y un 30,9% más que en 2018, evidenciando que políticas fiscales más ligeras pueden coincidir con un crecimiento económico sostenido.
Mientras tanto, Montero se ha visto criticada por mantener una alta presión fiscal sobre comunidades cumplidoras como Andalucía, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa otorgando privilegios fiscales a partidos independentistas de Cataluña y el País Vasco, como parte de un acuerdo político para consolidar su poder. Este doble rasero ha generado molestias en el Ejecutivo andaluz, que exige una financiación autonómica justa y sin desigualdades.
Además, recientemente se ha discutido la posibilidad de compartir la gestión de grandes impuestos con la Generalitat de Cataluña, lo que podría dar lugar a un modelo de financiación específico para dicha comunidad. Este giro hacia un sistema de “Agencia Tributaria compartida” contrasta con el endurecimiento del esfuerzo fiscal exigido a comunidades como la andaluza.
Con todo, la propuesta de la armonización fiscal presentada por el Banco de España, respaldada por Montero, pone en entredicho la autonomía financiera de las comunidades autónomas, principio fundamental recogido en la Constitución. El modelo andaluz ha demostrado que es posible obtener ingresos sin aumentar impuestos, creando un entorno favorable tanto para la recaudación como para la economía en general. La intención de establecer una fiscalidad homogénea en toda España podría resultar en un escenario menos atractivo para la inversión en Andalucía y, en consecuencia, impactar negativamente en las familias trabajadoras de la región.
Fuente: Partido Popular Andalucía
