CCOO denuncia el incumplimiento de la Ley de Función Pública por parte del Gobierno andaluz y la priorización de interinos sobre personal de carrera

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Oposiciones. Fuente: Freepik

El sindicato CCOO ha hecho pública una denuncia sobre el incumplimiento por parte del Gobierno andaluz de la Ley de Función Pública, la cual fue aprobada por el mismo Gobierno. La controversia se centra en una «novedosa» fórmula que la ley introduce para abordar la problemática de la temporalidad en el personal funcionario. Según la interpretación de CCOO, resulta «incoherente» que esta normativa autorice la incorporación de personas que han aprobado oposiciones, pero que no han logrado obtener una plaza fija, para incrementar hasta en un 20% las plantillas, asignándoles la condición de funcionarias de carrera.

Sin embargo, en lugar de aplicar esta disposición y dar preferencia a aquellos opositores que ya han demostrado su capacidad, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha optado por realizar un llamamiento masivo de personal interino para cubrir los puestos disponibles en el Cuerpo de Administrativos y Administrativas. Esta decisión ha generado malestar entre los opositores que ven cómo se ignoran sus méritos y su esfuerzo en el proceso selectivo.

CCOO subraya la importancia de respetar la ley y de utilizar los mecanismos establecidos para reducir la temporalidad en el empleo público. La situación actual no solo afecta a la estabilidad laboral de los trabajadores, sino que también pone de relieve contradicciones en las políticas de empleo del Gobierno andaluz. La decisión de priorizar la contratación de personal interino en vez de funcionarios consolidados contradice los objetivos que la propia ley busca alcanzar.

La denuncia del sindicato resalta la necesidad de un enfoque más coherente y justo en la gestión de los recursos humanos en el sector público, instando a la administración a reflexionar sobre su estrategia y a actuar conforme a lo que establece la normativa vigente. De no hacerlo, se corre el riesgo de perpetuar la precariedad en el empleo público y de deslegitimar los procesos de oposiciones, socavando así la confianza en el sistema.

Fuente: CCOO Andalucía.

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