La reciente aprobación por parte del presidente de la Junta de Andalucía de un decreto ley que busca facilitar la construcción de 20.000 viviendas protegidas mediante la disponibilidad de suelo público ha generado un amplio debate. Si bien la intención de abordar la necesidad de vivienda en la región es clara, las críticas al respecto apuntan a que esta medida es “absolutamente insuficiente e ineficiente”. Se señala que, aunque el decreto propone un avance, las primeras viviendas no se materializarían hasta 2028, lo que plantea serias dudas sobre la urgencia real de la situación que enfrenta la población andaluza en términos de acceso a la vivienda.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la libertad que concede a las constructoras para seleccionar a los compradores de estas viviendas. Según el sindicato CCOO, esta medida permite que las empresas elijan a los futuros propietarios sin que estos necesariamente estén inscritos en los registros de demandantes de vivienda, lo que podría derivar en una falta de control público en el acceso a viviendas que deberían estar destinadas a aquellos con mayores necesidades.
Además, CCOO ha expresado su preocupación por el nuevo límite de ingresos establecido para acceder a una vivienda protegida. Con los cambios introducidos, se permite que personas con rentas altas y muy altas, que pueden incluso superar los 98.000 euros anuales, accedan a estos pisos, lo que desafía la esencia de lo que debería ser una vivienda protegida. La situación es tal que, irónicamente, incluso el propio presidente de la Junta podría calificar para acceder a una de estas viviendas, lo que deja entrever un desajuste significativo en la política habitacional actual.
En conclusión, aunque el decreto es un intento de tomar medidas ante una problemática crítica, las alertas lanzadas por CCOO y otros críticos indican que es necesario un replanteamiento significativo de las políticas de vivienda en Andalucía. La urgencia de la situación exige respuestas efectivas que prioricen a quienes realmente las necesitan, garantizando así un acceso equitativo y regulado a la vivienda protegida.
Fuente: CCOO Andalucía.
