El sindicato ha expresado su preocupación ante el enfoque recaudatorio que parece estar adoptando el Ayuntamiento de Granada, especialmente en lo que respecta a las sanciones impuestas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Esta área, que se implementó en octubre del año pasado, ha suscitado un aluvión de quejas entre los trabajadores que se desplazan diariamente a la capital por motivos laborales.
Los afectados, en su mayoría jóvenes y ciudadanos con ingresos salariales medios, han manifestado su descontento tras recibir notificaciones de infracción por continuar utilizando sus vehículos en la ZBE. Lo que agrava la situación es el hecho de que estas notificaciones llegan meses después de que se cometieran las infracciones, lo que deja a los trabajadores en una situación difícil, ya que se enfrentan a sanciones que pueden alcanzar los 200 euros diarios.
La situación ha generado un intenso debate sobre la efectividad y la intención detrás de estas medidas de control del tráfico en la ciudad. Si bien la ZBE busca mejorar la calidad del aire y promover el uso de medios de transporte más sostenibles, es fundamental considerar el impacto que las sanciones tienen sobre aquellos que dependen de sus vehículos para trabajar. El sindicato sostiene que la falta de comunicación y claridad en la aplicación de estas regulaciones ha complicado aún más la vida de muchas personas, quienes se ven atrapadas entre la necesidad de desplazarse y las bruscas sanciones del ayuntamiento.
Los representantes del sindicato han hecho un llamado a las autoridades locales para que reconsideren la implementación de estas medidas y busquen alternativas que no perjudiquen económicamente a los trabajadores que, día a día, contribuyen a la economía de la ciudad. La situación actual plantea preguntas importantes sobre cómo equilibrar la protección del medio ambiente con el bienestar de los ciudadanos.
Fuente: CCOO Andalucía.
