La reciente decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, de ceder la gestión de los equipos de profesionales encargados de valorar a las mujeres víctimas de violencia de género ha generado una profunda preocupación en el ámbito de los derechos humanos y la seguridad de las mujeres. Esta medida ha sido cuestionada por la organización sindical que ha levantado la voz para alertar sobre los peligros que conlleva esta iniciativa, especialmente considerando el contexto alarmante en el que se sitúa.
Andalucía ha sido, en los últimos años, una de las comunidades autónomas con mayores índices de violencia machista, y los números son inquietantes: más de 41.000 denuncias se han registrado en el último año, lo que subraya la gravedad de una situación que no puede ser subestimada. La entrega de la gestión a un partido que históricamente ha cuestionado la existencia de la violencia machista plantea serias dudas respecto al enfoque y la sensibilidad que se tendrá hacia las víctimas.
Esta medida no solo pone en riesgo la seguridad de las mujeres, sino también de sus hijos e hijas. La violencia de género no afecta únicamente a las mujeres; los menores que son testigos o que viven en un entorno donde se ejerce violencia son también víctimas y pueden sufrir efectos perjudiciales en su desarrollo emocional y psicológico. La reactivación de viejos debates sobre la existencia de la violencia machista puede crear un clima de incertidumbre y desprotección para quienes ya están en situación de vulnerabilidad.
La organización sindical insta a la Administración a reconsiderar esta decisión y a priorizar la protección y el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. Es fundamental que la gestión de estos equipos esté a cargo de profesionales con formación y sensibilidad en la materia, comprometidos con el bienestar de las víctimas y la erradicación de la violencia machista. En un momento en el que cada vez es más necesario un enfoque preventivo y de apoyo, la cesión de competencias a quienes niegan la problemática puede resultar no solo un error, sino una irresponsabilidad que podría tener consecuencias devastadoras en la vida de muchas personas.
La lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad indiscutible en todos los niveles de la sociedad, y es responsabilidad de las instituciones garantizar que las mujeres que sufren esta violencia reciban la atención, el apoyo y la protección que merecen. La falta de compromiso en este ámbito no solo pone en riesgo a las víctimas directas, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la grave situación de la violencia de género en nuestra sociedad. Es momento de actuar con determinación y responsabilidad, garantizando que la seguridad de las mujeres y de sus hijos e hijas no esté en manos de quienes desestiman su sufrimiento.
Fuente: CCOO Andalucía.
