El proceso de embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht avanza tras la toma de posesión del inmueble por parte de los acreedores, una medida ejecutada debido a los impagos del Gobierno español relacionados con recortes retroactivos a las primas de energías renovables. La justicia neerlandesa ha proporcionado a los acreedores amplias facultades para recuperar el activo, valorado en cerca de 10 millones de euros, mediante subasta pública. Esta actuación se suma a una ola de presiones judiciales internacionales sobre España, tras el incumplimiento de pagos reconocidos por laudos arbitrales. Este conflicto inició en 2007 bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero y se intensificó con las medidas de austeridad implementadas posteriormente por Mariano Rajoy, a las que el actual presidente, Pedro Sánchez, ha decidido no dar respuesta, provocando acciones legales globales y embargos internacionales sobre bienes españoles.
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