En su reciente visita a Chile, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, urgió al país a alinear su Constitución con los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar plenamente el derecho a la salud de todos sus ciudadanos. Pese a reconocer los esfuerzos del gobierno chileno en enfrentar retos como la salud mental, la salud sexual y reproductiva, y las disparidades entre el sistema público y privado, Mofokeng subrayó que la carta magna chilena carece de una garantía explícita del derecho a la salud.
La relatora enfatizó la necesidad de priorizar el financiamiento equitativo en salud, alertando sobre la preocupante percepción de que la salud es más un negocio que un derecho en Chile. Señaló que los intereses comerciales en el sector operan sin salvaguardias suficientes de derechos humanos, lo que afecta tanto la ética médica como la economía de la salud. Para abordar estas deficiencias, propuso crear mecanismos independientes de supervisión para asegurar la rendición de cuentas.
Mofokeng también abordó problemas de acceso a los servicios sanitarios, destacando la obligación del Estado de garantizar la igualdad de acceso y mencionó los largos tiempos de espera que sufren millones de chilenos para recibir atención. También subrayó la presión y el estrés bajo los que operan los profesionales de la salud debido a la carga de trabajo y las demoras en el sistema.
Particular atención se dio a la salud sexual y reproductiva, donde la relatora instó al Congreso a reformar la ley del aborto, actualmente restringida y obstaculizada por la objeción de conciencia permitida a los profesionales de la salud.
En un aspecto más positivo, Mofokeng celebró los avances chilenos en crear entornos laborales más saludables y mostró especial interés en un hospital administrado por la comunidad mapuche, que integra la medicina occidental con la tradicional. En este contexto, hizo un llamado a respetar los derechos indígenas y a desmilitarizar sus tierras.
Finalmente, Mofokeng destacó la creciente demanda de servicios de salud mental, impulsada por los traumas intergeneracionales de la dictadura y eventos como el estallido social de 2019. Planteó aumentar el número de profesionales de salud mental y fortalecer la atención psiquiátrica comunitaria.
Confiada en el potencial de Chile para avanzar hacia un acceso equitativo a la salud, Mofokeng instó a todos los actores a colaborar en la implementación de políticas y legislaciones que aseguren el derecho a la salud, destacando que Chile tiene la capacidad de superar su pasado y construir un futuro más próspero y digno.