Anastasio Hernández Rojas, un inmigrante mexicano que vivió sin documentos en San Diego durante más de 25 años, fue fatalmente agredido por al menos doce agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el 28 de mayo de 2010. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabiliza al Estado estadounidense por esta violación a sus derechos humanos, reconociendo un contexto de discriminación hacia personas de origen latino. A pesar de las evidencias en video, el caso fue cerrado sin imputaciones por las autoridades. La CIDH exige reabrir la investigación y que se repare integralmente a la familia de Hernández Rojas, quien fue deportado poco antes del incidente y asesinado mientras intentaba reunirse con su familia. Desde entonces, su esposa e hijos han luchado incansablemente por justicia.
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