Cinco nuevas demandas civiles han sido interpuestas en Texas, destacando un tema preocupante en el contexto del conflicto en Ucrania. A pesar de las sanciones impuestas por Occidente, se ha descubierto que componentes tecnológicos fabricados por importantes marcas estadounidenses siguen apareciendo en armamento usado por Rusia. Los litigios, presentados por grupos de civiles ucranianos, acusan a empresas como AMD, Intel y Texas Instruments, así como a una firma de distribución vinculada a Berkshire Hathaway, de no haber adoptado medidas suficientes para prevenir que sus productos terminen en manos sancionadas a través de mercados grises e intermediarios.
El abogado que representa a los demandantes calificó a estas empresas como «mercaderes de la muerte» y acusó a las corporaciones de una «ignorancia deliberada», sugiriendo que estas no tomaron las precauciones suficientes para evitar que sus productos fueran desviados hacia propósitos ilícitos.
Las demandas no acusan directamente a estas compañías de vender a Rusia actualmente, ya que la mayoría de las empresas tecnológicas estadounidenses dejaron de hacerlo tras la invasión en febrero de 2022. Sin embargo, los documentos judiciales argumentan que las empresas no han controlado adecuadamente su cadena de suministro para impedir que sus componentes acaben en armamento a través de terceros. Se mencionan incidentes recientes donde se encontraron piezas de AMD e Intel en drones y misiles utilizados en el conflicto.
Además de apuntar a los fabricantes, las demandas también se centran en la red de distribución. Mencionan a Mouser Electronics, parte del conglomerado de Berkshire Hathaway, como un nodo en esta circulación de componentes. Es una cuestión compleja, ya que el mercado de componentes tecnológicos no implica una venta directa del fabricante al comprador final, permitiendo que los componentes circulen por distintos países mediante ventas indirectas hasta terminar en lugares donde no deberían.
Ante estas acusaciones, las empresas han respondido destacando su cumplimiento con las sanciones internacionales. Intel, por ejemplo, ha indicado que detuvo sus envíos a Rusia y Bielorrusia al inicio del conflicto, exigiendo a su vez estándares similares a sus clientes y distribuidores. AMD y Texas Instruments han defendido previamente su adhesión a las sanciones, aunque no han emitido declaraciones específicas respecto a estas demandas.
Estas demandas resaltan la dificultad de monitorear la trazabilidad de componentes tecnológicos cuando existen múltiples intermediarios y revendedores globales. Para las empresas tecnológicas, la situación podría generar más presión regulatoria para garantizar controles más estrictos en la trazabilidad de sus productos. La cuestión también plantea un desafío reputacional, dado que el público suele ver las ventas a actores sancionados como una falla corporativa, independientemente de cómo esas ventas ocurren realmente.
El panorama financiero para estas empresas podría verse afectado por los costos legales y el escrutinio de inversores y aseguradoras, que suelen ser cautelosos frente a cualquier riesgo relacionado con sanciones y exportaciones. Asimismo, la conversación sobre tecnología y guerra tiende a politizarse, transformando el uso de componentes «neutros» en una cuestión de ética empresarial y geoestrategia, afectando a toda la cadena de suministro, desde los fabricantes hasta los distribuidores.
Estas cinco demandas no determinan culpabilidad de inmediato, pero sí reflejan la complejidad de la economía globalizada en la que vivimos y cómo las tensiones geopolíticas pueden intensificar el debate sobre la responsabilidad corporativa en tiempos de guerra. En un mundo donde un chip puede viajar más que su comprador, los enfrentamientos entre globalización y control geopolítico prometen generar más desarrollos en el futuro cercano.
