El Tribunal Constitucional español ha declarado inconstitucional la ley que permitía la intervención del gobierno en las decisiones empresariales durante la pandemia, una normativa que buscaba proteger a trabajadores y empresas. La decisión ha sido vista como una victoria para las compañías, que argumentaban que la ley violaba la libertad empresarial. La sentencia ha generado un amplio debate sobre la gestión del Ejecutivo durante la crisis sanitaria y económica.
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