La confrontación entre Broadcom y el ecosistema cloud europeo ha escalado a un nuevo nivel. La asociación CISPE, que representa a los proveedores de infraestructura cloud en Europa, ha presentado una denuncia de competencia ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea contra Broadcom. Esta denuncia surge tras las modificaciones implementadas en el programa de partners de VMware, que según la organización, perjudican al mercado, a los clientes y a la autonomía tecnológica europea.
Desde la adquisición de VMware por Broadcom el 22 de noviembre de 2023, el sector ha manifestado su preocupación por el endurecimiento de las condiciones comerciales. CISPE alega que la situación ha alcanzado un punto crítico con el anuncio del fin del programa VMware Cloud Service Provider (VCSP) en Europa para la mayoría de los operadores a partir de enero de 2026, manteniendo solo a una selecta minoría de socios.
La queja formal de CISPE acusa a Broadcom de utilizar su influencia en el software de virtualización para restringir el acceso al mercado europeo. La organización argumenta que los aumentos de precios, los compromisos mínimos por adelantado y el rediseño del canal han dificultado que muchos proveedores europeos continúen ofreciendo e integrando software de VMware. Esta restructuración ha derivado en incrementos de costos superiores al 1.000% para algunos asociados, conforme denuncia CISPE.
Además de una investigación exhaustiva, CISPE solicita medidas provisionales urgentes que incluyan la suspensión de la terminación del programa VCSP y la readmisión de los proveedores afectados. También reclama el regreso del programa “white label” eliminado en 2025 y medidas de protección contra represalias potenciales.
La polémica no se limita a un conflicto corporativo aislado. La habilidad de numerosos proveedores europeos, especialmente medianos y pequeños, para seguir ofreciendo entornos VMware a sus clientes está en juego. La reducción del número de partners autorizados derivaría en una menor competencia en cuanto a precio, soporte y especialización. Para empresas y organismos públicos que dependen de VMware, esto podría significar menos opciones y una dependencia creciente de un reducido grupo de intermediarios.
CISPE avanza su denuncia buscando conectar esta disputa contractual con un debate más amplio sobre la soberanía digital europea. Sostiene que la estrategia de Broadcom socava a los operadores locales y refuerza la concentración de mercado, cuestión relevante en un contexto donde la soberanía digital es prioritario para muchas administraciones del continente.
Broadcom, por su parte, rechaza las acusaciones de CISPE. La empresa declaraba recientemente su fuerte desacuerdo con la denuncia, afirmando que está invirtiendo en socios europeos para que puedan ofrecer alternativas a los grandes hiperescalares. Broadcom argumenta que su estrategia no busca cerrar el mercado, sino enfocarse en un grupo menor de partners con mayor capacidad de ejecución.
La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia, aunque aún no ha iniciado una investigación formal. El impacto de la situación podría ser significativo, dependiendo de las medidas que tome la Comisión. Si decide actuar rápidamente, Broadcom podría verse obligada a detener algunos cambios mientras se lleva a cabo el análisis del caso. La reacción de Bruselas es crucial: determinará no solo el coste de VMware bajo Broadcom, sino quién podrá seguir vendiéndolo y en qué condiciones en el futuro próximo.
