El principio de capacidad económica, pilar esencial del sistema tributario español, se erige como un mecanismo clave para ajustar la contribución fiscal al nivel de riqueza real de cada individuo. Inspirado en el artículo 31 de la Constitución Española, este criterio asegura que cada ciudadano contribuya al sostenimiento de los gastos públicos según sus posibilidades económicas, evitando cargas desproporcionadas para aquellos con menos recursos.
Este principio no solo se aplica a los tributos estatales, sino que también abarca los niveles autonómicos y municipales, fomentando la justicia en la contribución al Estado. La capacidad contributiva se determina en función de los ingresos, patrimonio y consumo de cada persona. Sin embargo, existen casos en los que los impuestos pueden no reflejar con precisión esta capacidad económica, lo que lleva a implementar medidas correctivas como exenciones, bonificaciones o reducciones, con el fin de mantener la equidad fiscal.
El sistema fiscal español, además, se distingue por su progresividad, exigencia constitucional que establece que el aumento de la riqueza debe ir acompañado de una contribución fiscal proporcionalmente mayor. Este enfoque progresivo proporciona un alivio tributario a quienes tienen menos recursos, mientras que aumenta la carga sobre aquellos con mayores ingresos o patrimonios. Esta filosofía fortalece las bases de un modelo económico eficiente y solidario.
La aplicación del principio de capacidad económica se manifiesta en la vida cotidiana a través del cobro de salarios y la compra de productos sujetos al IVA, reflejando en cada transacción la responsabilidad de contribuir a los servicios públicos esenciales. El objetivo es distribuir las cargas públicas de manera equitativa y sostenible, protegiendo a los menos favorecidos y financiando de manera justa los servicios públicos, contribuyendo así a mantener un sistema más justo y equilibrado para todos.
