El actual Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez y María Jesús Montero, ha sido acusado de implementar una serie de políticas que perjudican especialmente a Andalucía, la comunidad autónoma más poblada del país. Estos agravios no son vistos como incidentes aislados, sino como parte de una estrategia política que prioriza los intereses de sus aliados independentistas en lugar de atender las necesidades de los andaluces en áreas esenciales como la financiación autonómica, la justicia y el sistema de bienestar social.
Un ejemplo claro de esta situación es el reciente acuerdo que otorga al País Vasco el 50% de financiación para su sistema de dependencia, mientras que Andalucía solo recibe un 30%. Esta diferencia resulta aún más hiriente si se considera que la comunidad andaluza aporta más de 2.300 millones de euros a esta causa, asumiendo gran parte de la carga que en realidad debería ser cubierta por el Estado. Desde el Gobierno andaluz se denuncia este trato como una «humillación constante» y se critica a Montero por ser cómplice de dicha injusticia.
La situación de la financiación autonómica también es grave; el sistema actual, que se encuentra en vigor desde 2014, no ha sido reformado. De hecho, Andalucía ha recibido en 2022 1.500 millones de euros menos que la media de las comunidades autónomas, lo que acumula un perjuicio de 13.411 millones desde 2009. Al mismo tiempo, el Gobierno ha condonado parte de la deuda de Cataluña, beneficiando a aquellos que utilizan tácticas de presión política.
Otro aspecto preocupante es la gestión de los menores migrantes no acompañados. Andalucía acoge a casi 800 de estos menores, mientras que Cataluña solo tiene 26 en su territorio. Esto no se debe a criterios técnicos, sino a un pacto político que favorece a la región catalana en detrimento de Andalucía, a la que se le cargan las consecuencias del fracaso de la política migratoria del Gobierno.
En el ámbito de la justicia, Andalucía posee la mayor litigiosidad del país, sin embargo, no se han creado nuevas plazas judiciales para aliviar la carga de trabajo en los juzgados. El silencio del Ministerio ante las peticiones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es otro indicativo del desinterés por esta comunidad.
A pesar de contar con recursos hídricos abundantes, Andalucía ha perdido más agua de la que se ha conseguido almacenar debido a la falta de inversión en infraestructuras necesarias. La situación de las obras hidráulicas es un reflejo de las prioridades del Gobierno, que parece relegar a Andalucía mientras otras regiones reciben atención y recursos.
Las políticas de Sánchez y Montero no son producto de la casualidad, sino de decisiones deliberadas que marginan a Andalucía, olvidando la importancia de esta comunidad en la cohesión nacional. Los agravios son estructurales, y su solución requiere un cambio urgente en el enfoque del Gobierno hacia la región. Andalucía pide no enfrentarse al Estado, sino simplemente recibir lo que le corresponde, en un contexto donde la igualdad entre territorios debería ser un principio fundamental.
Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno se aboga por una justicia territorial que cierre la brecha de desigualdad con otras comunidades que han condicionado su apoyo parlamentario a concesiones económicas. La defensa de una Andalucía fuerte y solidaria es clave para asegurar un equilibrio que beneficie a todos los españoles.
Fuente: Partido Popular Andalucía
