En un giro significativo motivado por la presión pública, varios centros de embarazo en crisis han comenzado a eliminar discretamente el lenguaje engañoso referido a las protecciones de privacidad en sus sitios web. Estos centros, a menudo denominados “clínicas falsas”, han estado en el ojo del huracán por afirmar falsamente estar sujetos a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguro de Salud (HIPAA), a pesar de no estar registrados como clínicas médicas. Este error es especialmente alarmante dado que muchas de estas instalaciones carecen de personal médico y, en consecuencia, no están legalmente obligadas a cumplir con las normas de HIPAA.
Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han presentado quejas ante los fiscales generales de ocho estados, instando a la investigación de estas prácticas engañosas. Los primeros resultados revelan que, de los 21 centros apuntados, seis han eliminado por completo toda referencia a HIPAA de sus plataformas en línea, mientras que uno optó por ajustes parciales.
Todos los centros mencionados en Texas y Arkansas han actualizado sus contenidos, lo que evidencia una respuesta significativa al escrutinio público. Aunque 14 centros permanecen con el lenguaje anterior intacto, el cambio observado sugiere que están comenzando a prestar atención a las críticas crecientes.
Pero es crucial subrayar que simplemente eliminar referencias a HIPAA no solventa los problemas subyacentes de privacidad. Muchos de estos centros aún recogen información sensible sin aclarar cómo se gestiona, almacena o comparte. Además, la falta de leyes federales de privacidad sólidas deja pocas opciones para quienes ven su información potencialmente mal utilizada.
La situación se agrava al considerar que estos centros a menudo engañan a pacientes en momentos de decisiones de salud complejas y emocionales, haciéndose pasar por entidades que actúan bajo leyes de privacidad federales. En múltiples casos, los datos de pacientes han sido compartidos sin su consentimiento y, a veces, han acabado expuestos públicamente, planteando serias preocupaciones sobre la protección de datos sensibles.
Ante este panorama, tanto la EFF como otras organizaciones continúan monitoreando de cerca las actividades de estos centros de embarazo en crisis, haciendo un llamado a los fiscales generales para que sigan atentos a sus prácticas.
