El sector de telecomunicaciones en España vive días de sorpresa tras una inesperada directiva de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El ente regulador ha solicitado a todas las empresas registradas en su Registro de Operadores que bloqueen seis dominios relacionados con emisiones ilegales de fútbol. Lo sorprendente no es solo el tiempo transcurrido desde los hechos —más de una década— sino que, según fuentes del sector, muchos de esos sitios web ya ni siquiera están activos.
La CNMC ha comunicado que esta medida es para cumplir con un oficio de la Audiencia Provincial de A Coruña. Las operadoras han sido instadas a dirigirse al juzgado si tienen dudas operativas, pero el regulador se ha abstenido de comentar sobre el fondo del asunto.
Los dominios afectados, como teledeporteonlinetv.org y kasimirotv.net, entre otros, fueron implicados en la retransmisión ilegal de partidos de LaLiga y Copa del Rey durante las temporadas 2015/16 y 2016/17. Llama la atención que una empresa involucrada obtuvo ingresos millonarios gracias a estas actividades ilícitas.
La decisión de la CNMC ha generado cuestionamientos, especialmente porque la orden de bloqueo se ha extendido a todas las operadoras del registro, sin importar su tamaño. Esto contrasta con prácticas anteriores, donde el requerimiento solía dirigirse solo a compañías con cierta envergadura para evitar sobrecargas administrativas en pequeñas empresas del sector.
Bloquear un dominio no es tarea sencilla. Existen diversas técnicas, como el bloqueo DNS o IP, cada una con sus ventajas y retos. Las grandes operadoras suelen estar mejor equipadas para enfrentar estas demandas, dada su capacidad para implementar sistemas complejos y alinear procedimientos. Sin embargo, las pequeñas telecos podrían enfrentarse a desafíos significativos al no contar con los mismos recursos.
Ante esta situación, surgen dudas sobre la efectividad real de la orden, considerando que los dominios ya no están activos. Aun así, el cumplimiento demanda un esfuerzo operativo considerable y genera una carga administrativa, especialmente para aquellas empresas con limitaciones técnicas.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad de las medidas contra la piratería y el papel de instituciones como la CNMC en su aplicación. Mientras tanto, el trasfondo judicial sigue presentes con casos como Rojadirecta, alimentando discusiones sobre piratería, la proporcionalidad de las medidas y su relevancia actual.
