SAN FRANCISCO – En un movimiento que pone de manifiesto las tensiones entre la vigilancia estatal y la protección de las libertades civiles, un colectivo encabezado por la Electronic Frontier Foundation (EFF) e Imperial Valley Equity & Justice (IVEJ) ha instado al gobierno de California a revocar los permisos que permiten a agencias federales instalar lectores automáticos de matrículas (ALPR) en vías cercanas a la frontera. El llamado, dirigido al gobernador Gavin Newsom y a la directora de Caltrans, Dina El-Tawansy, critica el uso de estos dispositivos, a menudo ocultos en barriles de tráfico, por considerar que representan una amenaza a los derechos de los residentes y migrantes.
La movilización gana impulso tras el regreso de Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, a la región de El Centro, conocido por sus polémicas operaciones en varias ciudades estadounidenses. El documento firmado por defensores de derechos humanos y grupos profesionales, como la Asociación de Enfermeras de California y la ACLU California Action, enfatiza que la legislación californiana restringe el intercambio de datos de ALPR con agencias de inmigración. Sin embargo, se acusa a agencias como la CBP y la DEA de esquivar dichas restricciones mediante la implementación de sus propios dispositivos.
Investigaciones recientes de la EFF han levantado el velo sobre la red de más de 40 ALPR situados estratégicamente en los condados de San Diego e Imperial, gestionados por agencias federales involucradas en la vigilancia migratoria. Tras una solicitud de acceso a registros públicos presentada en junio de 2025, Caltrans ha comenzado a liberar documentación que corrobora las solicitudes de estos permisos por parte de CBP y DEA, anticipándose una revelación de más información.
Los representantes de las organizaciones firmantes argumentan que la presencia de estos lectores no solo tiene el potencial de desencadenar episodios de hostigamiento y violencia, sino que violan la privacidad de los residentes. Sergio Ojeda, coordinador comunitario de IVEJ, afirmó con vehemencia que «California no debe tolerar que la Patrulla Fronteriza explote las carreteras públicas burlando la legislación estatal. Es hora de frenar el uso de cámaras ocultas que rastrean, dirigen y acosan a quienes transitan entre el Valle Imperial, San Diego y Yuma».
La situación pone en evidencia una creciente preocupación por el equilibrio entre la seguridad fronteriza y el respeto por los derechos civiles, un dilema que continúa desatando controversias en la región. A medida que se revela más información, las discusiones en torno a los límites de la vigilancia estatal y la resistencia a la intervención federal seguirán ocupando un lugar central en el debate político californiano.
