En una declaración ante el Tribunal Supremo, la empresaria Leonor González Pano aseguró que el millón de euros que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil afirma fue destinado a influir en el exministro Ábalos y otros cargos públicos, en realidad fue pagado al comisionista Víctor de Aldama. Según la Guardia Civil, la organización vinculada a Aldama habría usado dicha suma para obtener influencias y ventajas ilegales en las estructuras de la administración. Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción y las acusaciones populares presentaron mensajes que vinculaban potencialmente al exministro Ábalos con la trama, aunque González Pano reconoció que se referían a él, insistió en que eran conversaciones privadas. Además, quedó sin aclarar si un chalé en Cádiz, adquirido por una empresa bajo Aldama, era un soborno relacionado con la obtención de una licencia comercial.
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