José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la DANA, desmintió este martes haber cometido irregularidades para acceder a la función pública en la Diputación de Valencia, después de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara diligencias por una supuesta falsificación de su título universitario. A pesar de que la Agencia Valenciana Antifraude cuestionó la autenticidad de sus credenciales académicas, Batalla defendió su trayectoria y prometió acciones legales para esclarecer su nombre. La polémica surge en un ambiente político tenso, con acusaciones cruzadas entre partidos. Mientras el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, exigió su dimisión, el portavoz socialista Jordi Mayor defendió su integridad. La Moncloa, por su parte, pidió información antes de tomar postura.
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