Las organizaciones sindicales CSIF, ANPE, CCOO y UGT, que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía, han emitido un comunicado conjunto en respuesta al Proyecto de Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS). Este pronunciamiento tiene como objetivo informar a la comunidad educativa y a la opinión pública sobre la postura de estas organizaciones respecto a la reciente propuesta y los hechos que han sucedido en las últimas semanas.
Uno de los puntos más destacados de este comunicado es el reconocimiento de que mejorar la atención educativa para el alumnado en situación de vulnerabilidad es una meta esencial y no negociable. Las organizaciones sindicales han abogado por potenciar los centros de educación compensatoria y los que atienden a estudiantes vulnerables, considerando que estos refuerzos son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, advierten que el borrador actual del decreto ZTS pone en riesgo esta atención al carecer de una estabilidad adecuada para su implementación futura.
En el área de financiamiento, se critica la manera en que la Consejería ha presentado este decreto como una gran inversión al hablar de la asignación de 1.275 docentes y 70 millones de euros. La realidad, según las organizaciones, es que gran parte de este financiamiento proviene de fondos europeos (FSE+) con fecha de caducidad en 2027, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la medida. La dependencia de recursos temporales y sujetos a condiciones no asegura la sostenibilidad de la atención a los más vulnerables. Además, se señala que la Junta de Andalucía debe asumir la responsabilidad de proporcionar recursos estructurales y no depender únicamente de ayudas temporales.
Otro aspecto tratado en el comunicado es la falta de transparencia y de negociación real por parte de la Consejería. Se denuncia la introducción de la “rotación del 70%” de la plantilla a última hora y sin un debate adecuado. Esta decisión se tomó sin el debido análisis de cuántos centros cumplen con tal requisito, lo que pone en entredicho la seriedad y fundamentación de la política educativa que se pretende implementar. Las organizaciones sindicales subrayan que cualquier criterio a introducir debe basarse en datos y análisis rigurosos para ser eficaces.
Asimismo, se menciona la percepción de una falta de voluntad de la administración educativa para entablar un diálogo constructivo. Las organizaciones han intentado presentar propuestas para desbloquear las discrepancias, pero la respuesta de la administración se ha limitado a cuestiones menores que no abordan el fondo del problema. Ante esta situación, han decidido iniciar movilizaciones en defensa de los derechos del alumnado y del profesorado.
La movilidad del profesorado también se ha convertido en un punto de contención. La administración sostiene que la única discrepancia sindical se reduce a la cobertura en comisión de servicios en los equipos directivos. Sin embargo, los sindicatos argumentan que el desacuerdo es mucho más profundo y afecta el núcleo central del modelo propuesto en el decreto. En este sentido, han presentado una enmienda a la totalidad en el Consejo Escolar de Andalucía, lo que subraya la unidad del movimiento sindical y el apoyo de familias de la educación pública a su posición.
Finalmente, el comunicado concluye con la convocatoria a movilizaciones, que se llevaron a cabo en todas las provincias andaluzas, en defensa de los recursos necesarios para el alumnado vulnerable y la protección del derecho a la movilidad del profesorado. Este marco de protesta resalta la determinación de las organizaciones sindicales de luchar por una educación inclusiva y de calidad en Andalucía, donde la atención a las necesidades de los estudiantes vulnerables no sea un compromiso pasajero, sino una responsabilidad compartida y sostenida.
Fuente: ANPE Andalucía.
