El presidente del Tribunal Constitucional ha rechazado la solicitud de tres magistrados para debatir la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de resolver un recurso de inconstitucionalidad. Esta decisión afecta directamente al procedimiento sobre la constitucionalidad de una ley, posponiendo cualquier intervención europea en la fase actual del proceso judicial. Los magistrados habían planteado la posibilidad de consultar al TJUE para asegurar la compatibilidad de la legislación con el derecho comunitario.
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