La República Islámica de Irán enfrenta una oleada de protestas que desafía su régimen como nunca desde 1989, tomando medidas drásticas que incluyen el apagón de comunicaciones y el uso de la pena de muerte como advertencia política. En este contexto, la ejecución inminente de Erfan Soltani, joven manifestante de 26 años de Fardis, surge como un caso emblemático de un proceso judicial acelerado y carente de garantías, destinado a desalentar la disidencia. La familia de Soltani permanece sin acceso a detalles del caso y solo ha sido informada de una última visita antes del ahorcamiento, mientras organismos internacionales y grupos de derechos humanos como Hengaw Organization for Human Rights denuncian la falta de legalidad y apelan a la comunidad internacional para intervenir y detener esta violación de derechos, subrayando la manipulación del procedimiento legal para mantener el control social a través del miedo.
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Condena de Ejecución para el Primer Manifestante en Irán Desata Alarma Internacional
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