El alcalde de Alicante, Luis Barcala, enfrenta una crisis política tras un escándalo relacionado con las viviendas de protección pública en la ciudad. Durante un pleno extraordinario convocado por la oposición, todas las formaciones municipales, incluida Vox, han exigido su dimisión urgiéndole a asumir responsabilidades después de las renuncias de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general, María Pérez-Hickman, quienes estaban vinculadas directamente a la adjudicación irregular de estas viviendas. También ha renunciado Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, por su relación con el caso. Ante la presión, el pleno ha aprobado la creación de una comisión investigadora municipal, mientras Vox solicita otra en las Cortes Valencianas. Barcala ha admitido su desconocimiento sobre las adjudicaciones y se ha comprometido a que las irregularidades se enfrenten a las consecuencias legales, afirmando que el Ayuntamiento actuará como acusación particular para garantizar que nadie sin derecho use estas viviendas.
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