La administración de Donald Trump ha avanzado significativamente en la consolidación de toda la información gubernamental dentro de una única base de datos manejada por inteligencia artificial. Si bien se alega que esta medida incrementará la eficiencia y modernización del gobierno, ha generado serias preocupaciones respecto a la privacidad y el posible uso indebido de datos sensibles de los ciudadanos.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) lidera este esfuerzo, buscando reunir datos de diversas agencias estatales. Desde abril de 2025, DOGE ha acumulado extensas cantidades de información personal estadounidense, incluyendo datos financieros, de salud y direcciones IP. Esta centralización ha llevado a la Electronic Frontier Foundation (EFF) a presentar una demanda contra DOGE y la Oficina de Administración de Personal por la divulgación no justificada de datos personales, argumentando una violación a la Ley de Privacidad de 1974.
Entre las preocupaciones más destacadas está la eliminación de protecciones legales que anteriormente impedían el acceso innecesario a información sensible por parte de ciertas agencias. A modo de ejemplo, se ha observado que el IRS ha sido ordenado a compartir información fiscal para propósitos migratorios, mientras que un nuevo decreto busca que la Casa Blanca tenga acceso a datos recabados por las agencias federales.
El temor a un abuso de poder se centra en cómo esta información puede ser utilizada para fines no previamente establecidos. La preocupación se intensifica respecto a la posibilidad de que datos personales puedan influir en la provisión de servicios esenciales o en la toma de decisiones gubernamentales, afectando la vida de los individuos de maneras no previstas.
Este proceso expone a las comunidades marginadas a riesgos particulares, ya que sus datos podrían ser utilizados para acciones perjudiciales por parte de las autoridades. Esta situación recuerda a antiguas prácticas de vigilancia gubernamental que dañaron la confianza ciudadana y llevaron a la promulgación de la Ley de Privacidad hace cinco décadas.
Además, existe un creciente temor sobre el impacto a largo plazo en la relación entre el gobierno y los ciudadanos. La desconfianza en las instituciones podría disuadir a las personas de buscar ayuda gubernamental, un escenario que las organizaciones como EFF intentan evitar mediante su lucha por asegurar que se respete la legalidad en el manejo de los datos personales.
La discusión sobre la manera en que el gobierno maneja la información de los ciudadanos se ha convertido en un tema crucial. La confianza es esencial para el buen funcionamiento de las instituciones, y cualquier acción que la mine podría tener repercusiones irremediables para el futuro del gobierno y sus ciudadanos.
