El fallo del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio se aplaza hasta 2026, afectando a más de 200,000 contribuyentes, especialmente en Madrid. La Comunidad de Madrid, que había disfrutado de una bonificación del 100% sobre el impuesto, se enfrenta ahora al nuevo Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, lo cual neutraliza su ventaja fiscal. Esta medida estatal ha generado una disputa legal, ya que Madrid alega que el Gobierno vulneró el principio de legalidad tributaria. Mientras tanto, los contribuyentes viven en incertidumbre, pagando impuestos que podrían ser reembolsados si el Tribunal decide a su favor. Sin embargo, la falta de urgencia en resolver el caso significa ingresos continuos para el Estado. La decisión del Constitucional podría redefinir la autonomía fiscal regional y, aunque Madrid pudiera recuperar su libertad fiscal, un cambio de gravamen permanece en el horizonte, reflejando la continua tensión entre poder central y autonómico.
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