La reunión convocada por la vicepresidenta Montero con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas concluyó sin alcanzar un acuerdo, intensificando la tensión entre las partes. La falta de consenso sobre la financiación autonómica ha dejado abierta la posibilidad de que algunas comunidades autónomas opten por llevar el conflicto a los tribunales, incrementando así el grado de confrontación política. La ausencia de un entendimiento refleja las profundas divergencias en torno al reparto de recursos económicos, un tema clave que sigue generando divisiones significativas entre el gobierno central y las administraciones regionales.
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