El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de Andalucía, Antonio Sanz, y la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ana Tárrago, han firmado un relevante convenio de colaboración en Granada. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar el intercambio de información entre las instituciones encargadas de la protección de menores, garantizando así una actuación más ágil, segura y coordinada ante situaciones de riesgo o desamparo.
El convenio busca fortalecer la coordinación entre las administraciones públicas y los organismos competentes en la materia, para que la información esencial sobre menores en situación de vulnerabilidad pueda ser compartida sin demoras, asegurando una intervención más rápida y eficaz. Antonio Sanz ha destacado que este acuerdo representa un avance decisivo para asegurar una protección más efectiva de los menores en Andalucía, priorizando su bienestar por encima de cualquier obstáculo administrativo o burocrático. Sanz enfatizó que la falta de coordinación o los retrasos en el intercambio de información no deben afectar la respuesta ante situaciones de riesgo.
Por su parte, Ana Tárrago subrayó la importancia del convenio para la Fiscalía en su labor de protección de menores, destacando que los tiempos de resolución de los expedientes son cruciales en su actuación ante situaciones de vulnerabilidad. Por ello, se debe dar prioridad a las respuestas en los informes que se solicitan a las instituciones.
El convenio incluye a diversas entidades como la Fiscalía, la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), los servicios sociales, el sistema sanitario, el ámbito educativo y el Instituto Andaluz de la Mujer, con la finalidad de mejorar la detección, valoración e intervención en casos de posible desprotección. El texto establece un marco claro para el intercambio de información, que deberá realizarse de manera ágil, segura y justificada, reforzando el uso de canales de comunicación fiables, la identificación de interlocutores y la trazabilidad de las solicitudes. También se fijan pautas específicas para actuar con inmediatez en situaciones de urgencia.
Antonio Sanz agregó que este acuerdo marca un salto cualitativo en la forma de trabajo conjunto de las administraciones, estableciendo un modelo basado en la coordinación real, la seguridad jurídica y la rapidez en la respuesta. Destacó que, en la vida de un menor, un solo día puede marcar la diferencia, por lo que es crucial actuar con la máxima agilidad.
Además, el convenio contempla la identificación de puntos de contacto en cada institución para agilizar las comunicaciones y evitar retrasos, así como el impulso de medidas de formación y sensibilización para los profesionales implicados. Con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, el acuerdo también establece la creación de una comisión de seguimiento que supervisará su funcionamiento, analizará su desarrollo y propondrá mejoras.
Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, basándose en un modelo de coordinación institucional, agilidad en la intervención y una garantía efectiva de los derechos de los menores.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
