En un fallo reciente que marca un precedente importante, el Tribunal Superior del Condado de Skagit, en el estado de Washington, ha rechazado los esfuerzos de varios municipios locales que buscaban mantener en secreto los datos obtenidos mediante lectores automáticos de placas de matrícula. Este veredicto refuerza el derecho del público a acceder a la información recopilada por las cámaras de vigilancia de Flock Safety, conforme a lo estipulado por la Ley de Registros Públicos del estado.
Las cámaras Flock, ubicadas en ciudades como Stanwood y Sedro-Woolley, se financiaron con fondos municipales y se utilizan con fines gubernamentales. El tribunal afirmó que estas imágenes son registros públicos, contribuyendo al debate sobre la transparencia de las operaciones de vigilancia gubernamental.
La decisión del tribunal se produce en un contexto de creciente preocupación sobre la cantidad de datos que las fuerzas del orden están recolectando y almacenando en servidores de empresas privadas. Este proceso ha suscitado críticas por parte de defensores de la privacidad, quienes ven en ello un intento de evadir la responsabilidad pública.
Flock Safety ha estado en el centro de varias controversias a nivel nacional, donde tanto activistas como periodistas han revelado casos de uso indebido de datos, incluyendo posibles violaciones a las leyes de inmigración y privacidad. Se ha reportado que ciertas ciudades en el estado compartieron información de lectores de placas con agencias federales de inmigración.
El caso concreto se inició cuando un ciudadano solicitó un video de vigilancia de una hora específico. En respuesta, las ciudades implicadas solicitaron al tribunal que considerara estos datos como información no pública, basando su argumento en que los datos almacenados en la nube por Flock no deberían ser considerados registros públicos hasta su extracción por una agencia estatal.
Sin embargo, el tribunal rechazó esta interpretación, evitando así que las agencias locales pudieran ocultar datos trasladando su almacenamiento a servidores privados. También desestimó la consideración de estos registros como material de investigación sensible o similar al de cámaras de tráfico, una clasificación que habría permitido más restricciones a su acceso público.
A pesar de la sentencia favorable, José Rodríguez, el demandante que solicitó los registros, no podrá acceder a la información debido a la eliminación automática de los mismos por las autoridades municipales, un movimiento que podría violar las normas de registros públicos del estado.
Este caso ha incrementado el escrutinio sobre Flock Safety y su implementación por diversas agencias de policía, destacando la necesidad urgente de un mayor control sobre el uso de tecnologías de vigilancia en las comunidades.
El fallo enfatiza la importancia del acceso público a información sobre la vigilancia gubernamental, y subraya la necesidad de que las comunidades rechacen cualquier esfuerzo por restringir el acceso a registros que son esenciales para la transparencia y la responsabilidad en la aplicación de la ley.
