En un fallo que ha generado un amplio eco en la defensa de la privacidad de los ciudadanos, la Corte Superior del Condado de Sacramento, California, ha ordenado la suspensión de un controvertido programa de vigilancia masiva que permitía a las fuerzas del orden monitorear los datos de consumo eléctrico de miles de residentes a través de medidores inteligentes. Este programa, operado conjuntamente por el Distrito Municipal de Utilidad de Sacramento (SMUD) y el Departamento de Policía de Sacramento, había funcionado durante más de diez años con el objetivo de encontrar evidencia de cultivos de cannabis, a menudo sin sospechas concretas.
La demanda fue impulsada por la Electronic Frontier Foundation (EFF) y abogados asociados, quienes representaron a tres quejosos: la Red de Liberación Asiático Americana, Khurshid Khoja y Alfonso Nguyen. El argumento central del caso fue el impacto en la privacidad y el potencial delito de criminalizar a ciudadanos inocentes y enfocarse desproporcionadamente en la comunidad asiática.
El tribunal determinó que el programa violaba una ley estatal de privacidad que prohíbe la divulgación no autorizada de datos de consumo eléctrico. Según el fallo, el programa no constituía una investigación policial auténtica, ya que consistía en solicitar regularmente datos de usuarios en diversos códigos postales para identificar posibles actividades ilegales sin evidencia preliminar de algún crimen.
Los datos de consumo eléctrico, según los abogados que presentaron el caso, ofrecen un vistazo detallado a la vida privada de las personas, revelando desde horarios de sueño hasta cuándo una casa está vacía. SMUD había generado más de 33,000 informes sobre hogares de alto consumo para la policía, intensificando la preocupación sobre la invasiva naturaleza del monitoreo.
A pesar de la victoria legal, el tribunal no respaldó una reclamación adicional que sustentaba que el programa vulneraba la cláusula de búsqueda y confiscación de la Constitución de California. Esta parte del fallo deja entrever un desafío pendiente para los defensores de la privacidad, quienes argumentan que SMUD no debería examinar los datos eléctricos sin sospechas fundamentadas solicitadas por las fuerzas del orden.
El desenlace del caso tiene importantes implicaciones para compañías de servicios públicos en todo el estado, ya que resalta la necesidad de mantener la confidencialidad de los datos de los clientes frente a las solicitudes de las agencias de seguridad. Esta decisión judicial establece un precedente crucial, subrayando que la cooperación con la policía no debe comprometer la privacidad de los ciudadanos sin una sospecha razonable de actividad delictiva concreta.
El litigio, encabezado por la EFF junto con Monty Agarwal del bufete Vallejo, Antolin, Agarwal, Kanter LLP, ha sentado un precedente importante en la protección de la privacidad digital, impulsando un cambio en la relación entre proveedores de servicios públicos y las fuerzas del orden en California.
