La administración de Donald Trump ha intentado restringir el derecho al asilo en Estados Unidos, pero ha enfrentado obstáculos legales significativos. Recientes fallos judiciales han criticado su enfoque unilateral, señalando la falta de respeto por la autoridad del Congreso y los derechos de los solicitantes. En consecuencia, se han reactivado procesos de asilo que habían sido eliminados por órdenes ejecutivas de Trump, a pesar de su intento de justificar estas medidas mediante la declaración de una «invasión» de migrantes. El tribunal de apelaciones de Washington DC ha limitado la capacidad de la administración para deportar a migrantes a lugares donde podrían enfrentar persecución, y ha reafirmado que el asilo es una obligación legal, no una preferencia. Además, otro fallo judicial ha bloqueado las deportaciones exprés de inmigrantes bajo el parole humanitario, lo que supone un revés adicional para la política migratoria de Trump. Mientras tanto, las restricciones han llevado a una disminución significativa en el número de encuentros en la frontera.
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