El Tribunal Supremo de España ha emitido un fallo en el cual ordena al Gobierno hacerse responsable de aproximadamente 1.200 menores de origen maliense y senegalés que han solicitado asilo político en el país. Estos menores se encuentran actualmente en condiciones de hacinamiento en los centros de acogida ubicados en Canarias, lo que ha generado preocupación por su bienestar y el respeto a sus derechos. La decisión del Supremo subraya la obligación del Ejecutivo de proporcionar una atención adecuada y garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección a la infancia. Esta situación pone de relieve los retos que enfrenta el sistema de acogida de migrantes en España.
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Crisis en el Gobierno: Torres Obliga a Retirar Recurso de la Abogacía ante la Sentencia del Supremo sobre Reparto de Menores
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