Las recientes revelaciones sobre el manejo de datos sensibles por parte de corredores como el Airlines Reporting Corporation (ARC) han renovado el debate sobre la privacidad y la vigilancia en Estados Unidos. Durante años, estos corredores han operado aprovechando lagunas legales para recopilar información sin el conocimiento o consentimiento de los individuos, incluyendo movimientos precisos que son vendidos a entidades privadas y gubernamentales.
Un informe destacó que ARC, vinculado a múltiples aerolíneas, ha vendido registros de vuelos domésticos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), incluyendo nombres, detalles de vuelos e información financiera. Las fuerzas de seguridad han omitido revelar la fuente de estos datos, evadiendo así la protección ofrecida por la Cuarta Enmienda sobre la obtención de información sin orden judicial adecuada.
El programa de inteligencia de viajes de ARC abarca más de mil millones de registros, justificando la CBP su necesidad para rastrear «personas de interés». Sin embargo, en un contexto de preocupación por vigilancia y control, esta práctica puede resultar en discriminación y abuso.
Con más de 200 aerolíneas colaborando con ARC, cubriendo el 54% de los vuelos globales, la venta de información a agencias de la ley prioriza beneficios sobre la privacidad de los viajeros. La creciente crítica al uso y venta de datos personales sin consentimiento subraya el temor sobre su uso potencialmente indebido.
La vigilancia se extiende más allá de los datos de vuelo, con la venta de información de ubicación de dispositivos móviles y datos de servicios públicos a agencias de inmigración y seguridad nacional, intensificando la erosión de libertades individuales.
La presión para establecer leyes de privacidad se intensifica, destacando la urgencia de normativas que limiten la recolección y venta sin control de datos personales. Proteger a los ciudadanos de la vigilancia continua y explotación de su información personal es ahora más crítico que nunca.
