En la era digital, los datos han emergido como un recurso esencial, requiriendo no solo protección, sino un enfoque sólido y legalmente verificable para salvaguardarlos. Las normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa, junto con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en España, así como estándares internacionales como ISO 27001 y SOC 2, establecen requisitos estrictos para la seguridad y gobernanza de la información.
Bajo este marco regulatorio, los data centers certificados se han convertido en infraestructuras críticas, diferenciando a las organizaciones que cumplen con las leyes de aquellas que se exponen a costosas sanciones y potencial pérdida de confianza por parte de sus clientes.
Las cifras son reveladoras: en 2023, las multas por el incumplimiento del RGPD alcanzaron los 1 970 millones de euros, destacando casos como la multa de 1 200 millones a Meta por transferencias ilegales de datos. Desde su entrada en vigor en 2018, las sanciones en Europa superan los 5 880 millones de euros. Ejemplos como la sanción de 290 millones de euros a Uber en 2024 refuerzan la noción de que el cumplimiento es indispensable.
Alojar datos en infraestructuras no certificadas compromete no solo la seguridad, sino también la reputación y las finanzas de las organizaciones. Por ello, los data centers certificados ofrecen no solo seguridad física y lógica, sino también auditorías verificables y procesos estandarizados que aseguran el cumplimiento de las normativas.
Las certificaciones en data centers se han convertido en un factor competitivo en licitaciones públicas y contratos internacionales. En un contexto donde las grandes infraestructuras cloud están dominadas por hiperescalares estadounidenses y chinos, Europa enfrenta el desafío de proteger su soberanía digital, asegurando que los datos se procesen bajo sus leyes.
David Carrero, cofundador de Stackscale, subraya la importancia de la soberanía digital como un requisito estratégico para la competitividad europea. Aboga por infraestructuras que garanticen que los datos permanezcan bajo marcos regulatorios europeos, impulsando soluciones de inteligencia artificial en entornos seguros.
Operar sin data centers certificados en 2025 representa un riesgo estratégico. Estas infraestructuras no solo protegen datos, sino que también ofrecen confianza y respaldo legal crucial para la economía digital actual. Cumplir con los estándares ya no es opcional, sino un requisito mínimo para competir eficazmente.
