En enero del presente año, la nueva administración estadounidense impulsó una orden ejecutiva que redefine el marco regulatorio de la inteligencia artificial (IA), reemplazando así las normativas vigentes de la era Biden. Este nuevo decreto, bautizado como el Plan de Acción sobre IA, busca principalmente liberar a la industria actual de la IA de restricciones que consideran ligadas a agendas sociales previamente impuestas, con el fin de fomentar un entorno más propicio para la innovación. Actualmente, el plan se encuentra en fase de desarrollo y está abierto a la recepción de comentarios del público, gestionados a través de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF).
En respuesta a este llamado a la colaboración ciudadana, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha planteado tres puntos prioritarios. En primer lugar, subraya la necesidad de garantizar la transparencia y la responsabilidad pública en la adquisición gubernamental de tecnologías de decisiones automatizadas. La EFF advierte contra el uso de algoritmos opacos y no verificados en decisiones críticas como el acceso al empleo o la concesión de asilo en Estados Unidos. En segundo lugar, consideran que las políticas relativas a la IA generativa deben ser específicamente proporcionadas y que deben velar por la protección de otros intereses públicos. Por último, aboga por evitar que los esquemas de licenciamiento de IA refuercen las posiciones ventajosas de las grandes empresas tecnológicas.
Aunque el avance de la IA en los Estados Unidos ha sido notable, también ha despertado preocupaciones por la falta de transparencia en el sector. Esta opacidad no solo favorece a las grandes corporaciones, sino que también pone en riesgo las libertades civiles de aquellos afectados por decisiones automatizadas. Existen ya proyectos piloto para aplicar tecnologías de IA en la policía y la seguridad nacional. Además, el Departamento de Eficiencia Gubernamental ha evaluado su potencial en la revisión del desempeño de trabajadores federales, con implicaciones significativas para su futuro laboral.
La delegación de decisiones cruciales a sistemas automatizados es considerada por expertos como un riesgo imprudente. Cuando estas herramientas fallan, no solo generan ineficacia, sino que también presentan resultados que pueden ser tanto irracionales como discriminatorios, encubiertos por su compleja naturaleza. De ahí la importancia de seguir un proceso exhaustivo de aviso y comentario público, como estipula la Ley de Procedimiento Administrativo, para identificar y mitigar el uso ineficaz o perjudicial de dichas tecnologías. Asimismo, el plan de acción incide en el fomento de herramientas desarrolladas bajo principios de software libre y de código abierto, garantizando así su eficacia en beneficio del interés general, no solo de corporaciones poderosas.
La creciente preocupación respecto a la IA generativa ha llevado a legisladores a proponer regulaciones apresuradas, a menudo especulativas, que no reflejan adecuadamente los múltiples intereses públicos en juego. Iniciativas legislativas como las leyes NO FAKES y NO AI Fraud han ampliado la protección por copyright, beneficiando principalmente a grandes corporativos y marginando a otros creadores. También se han sugerido requisitos técnicos, como el «watermarking», que presentan fallas prácticas considerables.
Entre las medidas propuestas que han generado controversia se encuentra el impulso hacia esquemas de licenciamiento restrictivos, que concentran el desarrollo tecnológico en manos de quienes puedan pagar, excluyendo a artistas y creadores independientes. Esta aproximación se considera análoga a intentar resolver el acoso escolar con más dinero, sin abordar la raíz del problema.
Estas soluciones rápidas, como la expansión del copyright, no benefician a la comunidad creativa ni a pequeños negocios que no pueden competir con los gigantes corporativos. La IA amenaza con desequilibrar aún más el tratamiento justo del trabajo creativo, y evadir el uso secundario no resolverá las disparidades de poder actuales entre trabajadores y monopolios. Los ciudadanos deben poder participar libremente en la cultura y expresarse sin estar sometidos a intereses corporativos. Por lo tanto, los responsables políticos deberían concentrarse en políticas bien definidas y ancladas en soluciones probadas que aborden de manera efectiva los desafíos existentes.
